Sheinbaum: Estados Unidos no presentó pruebas adicionales contra Rubén Rocha Moya
La presidenta de México informó que el gobierno estadounidense se limitó a enviar una solicitud formal de extradición sin adjuntar evidencia adicional para sustentar las acusaciones contra el gobernador de Sinaloa.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, declaró este miércoles que el gobierno de Estados Unidos confirmó que no está obligado a entregar pruebas adicionales para sustentar los señalamientos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Durante su conferencia matutina, la mandataria aclaró que la comunicación recibida por parte de las autoridades estadounidenses se ha limitado estrictamente a una solicitud formal de extradición y detención provisional.
Sheinbaum subrayó que el proceso se mantiene bajo los canales diplomáticos y jurídicos establecidos entre ambos países. Según la titular del Ejecutivo federal, la postura de la administración estadounidense sostiene que los elementos presentados en su momento son suficientes para el requerimiento legal, sin que exista una obligación de proporcionar información complementaria en esta etapa del procedimiento judicial.
La situación jurídica de Rocha Moya ha sido objeto de atención en los últimos meses, especialmente tras la confirmación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre la existencia de una investigación en curso que involucra a diversas figuras políticas de la entidad. Las autoridades mexicanas han reiterado que colaboran en el marco de los tratados internacionales vigentes, asegurando que se respetará el debido proceso en todo momento.
Por su parte, el equipo de comunicación de la presidencia enfatizó que el gobierno federal mantiene una postura de no intervención en los procesos judiciales particulares, permitiendo que la FGR y las instancias correspondientes actúen de acuerdo con las pruebas que obren en sus respectivos expedientes. La mandataria descartó que esta solicitud represente un riesgo político inminente para la estabilidad de la administración estatal, llamando a la prudencia mientras las instituciones desahogan las diligencias necesarias.
Finalmente, se recordó que la solicitud de extradición forma parte de una serie de requerimientos que el Departamento de Justicia estadounidense ha enviado a México en relación con investigaciones sobre crimen organizado. El gobierno mexicano continúa analizando el expediente para garantizar que cualquier resolución se apegue estrictamente a la soberanía nacional y a los marcos legales internacionales.
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