La SCJN obliga a juzgar desapariciones de defensoras con perspectiva de género

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una resolución histórica al determinar que todas las investigaciones y procesos judiciales relacionados con la desaparición de mujeres defensoras de derechos humanos deben realizarse bajo una estricta perspectiva de género e interseccionalidad. El pleno de la Corte subrayó que esta metodología no representa una opción para las autoridades ministeriales y judiciales, sino una obligación ineludible para garantizar el acceso a la justicia y la verdad.

El fallo responde a la necesidad de reconocer las vulnerabilidades específicas que enfrentan las mujeres al realizar labores de defensa social, quienes a menudo sufren agresiones diferenciadas debido a su género. Según la determinación, los operadores de justicia están obligados a analizar el contexto de violencia sistemática y las barreras estructurales que impiden la localización de las víctimas, evitando así la revictimización durante las etapas procesales.

Esta decisión busca transformar la actuación de las fiscalías en las entidades federativas, obligando a que se integren elementos de análisis sobre el entorno social y político de las defensoras desaparecidas. Con este criterio, la SCJN establece un estándar superior que deberá ser aplicado por los tribunales en todo el país, eliminando las omisiones que históricamente han obstaculizado la resolución de estos expedientes de alto impacto.

La resolución enfatiza que la interseccionalidad es clave para entender cómo convergen otros factores de riesgo, como la pertenencia a comunidades indígenas o el activismo ambiental, en la desaparición de estas mujeres. La Corte ha indicado que ignorar estos elementos constituye una violación a los derechos humanos y al debido proceso, lo que abre la puerta para que los familiares de las víctimas exijan una revisión de los procedimientos actuales.

Expertos en derechos humanos han señalado que esta jurisprudencia marca un precedente relevante para la Fiscalía General de la República y las fiscalías locales. La implementación de este enfoque permitirá, en el mediano plazo, una mayor coordinación institucional para identificar patrones de violencia que hasta ahora habían sido minimizados en las investigaciones formales.